La querella penal

Jesús García

La ley 76-02 que crea el Código Procesal Penal establece en sus artículos 267 al 272, el perfil institucional de la querella y la misma norma adjetiva, la define como “…el acto por el cual las personas autorizadas promueven el proceso por acción pública o solicitan intervenir en el ya iniciado por el Ministerio Público…”. Este tipo de acto jurídico es exclusivo del Proceso Penal, porque debe haber un hecho delictivo que de nacimiento a la misma, es un acto propio del universo del proceso penal. Las personas autorizadas para interponer este acto procesal, es la víctima o su representante legal: el abogado, por lo que se colige que el que realiza dicho acto adquiere la calidad de representante del querellante (Art. 85); Este inicia la acción penal bajo el presupuesto de hecho y de derecho, que la norma les autoriza o solicita intervenir en los mismos; y se presenta ante el Despacho del Fiscal del departamento especializado o la Fiscalía Barrial, o destacamento del lugar de la comisión del delito o crimen.

El tratamiento que tendrá la victima después de haber interpuesto el escrito de querella, será el propio de cualquier parte procesal (art. 12, Código Procesal Penal), pudiendo proponer diligencias de investigación, participar en la realización de cualquier acto procesal o quedar facultada para ejercer la acusación en los términos fijados por la ley para las partes, así como impugnar las resoluciones que siendo contrarias a sus pretensiones procesales, entienda que no son ajustadas a
derecho.

La constitución en actor civil de la víctima puede ser:

a) Ejerciendo la acción penal, así como la acción civil acumulada. En tal sentido, no solo el artículo 85 del Código Procesal Penal, faculta a la víctima al ejercicio de la acción penal, sino que el artículo 50 de dicha normativa, faculta que la acción civil se ejercite conjuntamente con la penal.

b) Ejerciendo la acción penal y reservándose la acción civil para un ejercicio posterior y separado. Así se deriva del mencionado artículo 85 del Código Procesal Penal, puesto en relación con el artículo 50, permite ejercer la acción civil separadamente ante los tribunales civiles, bien reservándose inicialmente para reiniciarla posteriormente a la jurisdicción ordinaria(civil).

Ejerciendo por la vía penal, únicamente la acción civil acumulada. Es decir, constituyéndose la víctima no como acusación particular, sino como mero acto civil, indicándose al efecto el artículo 50 del Código Procesal Penal, que “…La acción civil para el resarcimiento de los daños y perjuicios causados o para la restitución del objeto materia del hecho punible puede ser ejercida por todos aquellos que han sufrido por consecuencia de este daño, sus herederos y sus legatarios, contra el imputado y el civilmente responsable…”. No obstante, en estos casos no nos encontraríamos ante la interposición de la querella en sentido estricto, sino que bastaría con una demanda resarcitoria, tal como preceptúa el articulo 118 y 119 del Código Procesal Penal.

DIFERENCIA ENTRE DENUNCIA Y QUERELLA

La denuncia y la querella son dos vías para que las autoridades competentes tomen conocimiento de la ocurrencia de un hecho punible en el Código Procesal Penal. Pero una y otra tienen naturaleza, propósitos y formalidades distintas. La denuncia tiene por objeto llevar la noticia de la ocurrencia del hecho punible a los funcionarios competentes; puede ser oral o escrita; hacerse personalmente o por mandatario con poder especial; la puede presentar cualquier persona que tenga conocimiento de un hecho punible y ser recibida por el Ministerio Público, la Policía o cualquier agencia de investigación del Estado, estas últimas en las materias de su competencia; su presentación, en principio debe hacerse antes de que los funcionarios competentes inicien la investigación. La querella, por su parte, tiene por objeto promover la acción penal o adherirse a la ya iniciada por el Ministerio Público; debe presentarse por escrito y por medio de abogado; no puede presentarla cualquier persona, sino la víctima y las personas autorizadas por el Código Procesal Penal en el artículo 85; la Policía no tiene competencia para recibirla, solo el Ministerio Público; puede presentarse en cualquier momento, antes de la apertura a juicio. Otras diferencias se refieren a los efectos: El denunciante no es parte del proceso penal, pero puede comprometer su responsabilidad con denuncias falsas; puede ser testigo en el proceso. El querellante es parte en el proceso y puede desistir en cualquier momento de su querella; igualmente puede comprometer su responsabilidad por querella falsa o por litigar con temeridad; no puede actuar como testigo en el proceso. Las entidades del sector público no pueden ser querellantes, aunque sí pueden presentar denuncias.