El Arbitraje en Materia de Seguros

Marina Herrera

“DEL ARBITRAJE Y LA CONCILIACION EN MATERIA DE SEGUROS Y FIANZAS”.

El arbitraje responde a situaciones en que las partes enfrentadas no se ponen de acuerdo en la solución más adecuada y deciden encomendar a un tercero la solución de la divergencia, comprometiéndose a cumplir la resolución que este dicte en forma de laudo arbitral. Las partes opuestas que toman parte en un arbitraje lo hacen de forma libre, expresa y voluntaria.

El Art. 105 de la Ley 146-02, sobre Seguros y Fianzas de la República Dominicana, dispone: “La evaluación previa de las pérdidas y daños y la solución de cualquiera otra diferencia relativa a la póliza por medio de un Arbitraje, es indispensable en caso de desacuerdo entre el asegurado y la compañía, mientras no haya tenido lugar, el asegurado no puede incoar ninguna acción judicial contra la aseguradora, como consecuencia de la expedición de la póliza”.

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La obligación de seguridad

Gilda Rivas

La obligación de seguridad, es aquella en virtud de la cual una de las partes contratantes se obliga con la otra parte a retornarle, ya sea su persona o sus bienes, sanos y salvos. Esta obligación puede ser asumida por las partes de manera expresa en el contrato, puede provenir de una disposición legal o surgir de la interpretación del contrato, partiendo del principio de buena fe1. Debido a su naturaleza, es necesario estudiar esta obligación desde la perspectiva de los derechos del consumidor.

Esta obligación “supone la utilización de ciertas instalaciones, el profesional está obligado para con su cliente, ya sea a garantizarle su integridad personal, ya sea a realizar todo lo posible para asegurarlo”2. Parte de la naturaleza de esta obligación se desprende de la concepción de que, quien lanza un producto al mercado, debe garantizar que el mismo no será dañino para el consumidor.

En la República Dominicana, la obligación de seguridad y la responsabilidad sobre su incumplimiento por daños a la persona, fue apreciada por primera vez en un caso sobre un accidente automovilístico ocurrido el 4 de julio del 1999, en la ciudad de Santo Domingo, en el cual las bolsas de aire del vehículo de la víctima (Christopher Acta Encarnación) no se dispararon al momento del impacto, quedando éste afectado con serios traumas. En ese entonces no existía en el país legislación alguna que previera la obligación de seguridad sobre las cosas vendidas ni la responsabilidad civil que acarrea su incumplimiento, ni tampoco legislación que estableciera los derechos del consumidor frente a productos defectuosos.En su sentencia el tribunal apoderado, es decir, la Quinta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, enmarcó dicha demanda en el ámbito de la “responsabilidad civil contractual, como consecuencia de la obligación de seguridad que corresponde a los fabricantes y a los vendedores profesionales, por el daño que pueda ocasionar los productos defectuosos al comprador”3; y no solo esto, también estableció claramente que dicha responsabilidad es independiente y autónoma de la garantía por vicios ocultos y la llamada responsabilidad por el hecho de un tercero.

Más adelante, luego de ser conocido este caso en primera y segunda instancia, es promulgada la Ley General de Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario, No. 358-05, la cual establece los parámetros de las obligaciones de los proveedores y los derechos de los consumidores y en este sentido dicha legislación se encarga de definir de cierta manera la obligación de seguridad, cuando indica en su artículo 34 lo siguiente:

Protección General.

Los productos y servicios deben ser suministrados o prestados en forma tal que, consumidos o utilizados en condiciones normales o previsibles, no presenten peligro o nocividad ni riesgos imprevistos para la salud y la seguridad del consumidor o usuario. Los riesgos previsibles, usuales o reglamentariamente admitidos, deberán ser previamente puestos en conocimiento de los consumidores y usuarios a través de instructivos o señales de advertencias fácilmente perceptibles o por cualquier otro medio apropiado para garantizar la seguridad del consumo del producto o uso del servicio.

En este mismo sentido, en su artículo 105 esta ley establece claramente como infracciones en materia de defensa de los derechos de los consumidores y usuarios, las faltas en cuanto a la obligación de seguridad.

Sin embargo, la inclusión de la obligación de seguridad, así como de los derechos de los consumidores no se quedó en esta ley, más adelante en enero del 2010, es promulgada la Constitución Dominicana, la cual al referirse a los derechos del consumidor, le da un rango constitucional a los mismos, estableciendo que en caso de lesiones o perjuicios causados por bienes y servicios que se denominen de “mala calidad” se debe compensar al consumidor con una indemnización, enmarcándose aquí la obligación de seguridad y la consecuencia de su incumplimiento, todo lo cual se encuentra establecido en el artículo 53, el cual indica lo siguiente:

Artículo 53.- Derechos del consumidor. Toda persona tiene derecho a disponer de bienes y servicios de calidad, a una información objetiva, veraz y oportuna sobre el contenido y las características de los productos y servicios que use o consuma, bajo las previsiones y normas establecidas por la ley. Las personas que resulten lesionadas o perjudicadas por bienes y servicios de mala calidad, tienen derecho a ser compensadas o indemnizadas conforme a la ley. [Subrayado agregado]

. La inclusión de esta figura en el derecho dominicano, pone a nuestro país en un ámbito actual sobre el reconocimiento de los derechos del consumidor, siendo esta la nueva perspectiva que se emplea en los países más desarrollados, tanto en el derecho civil, como en el comercial.

1Juan M. Farina, Contratos comerciales modernos, modalidades de contratación empresaria (Buenos Aires: Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma, 2005), 290.

2Henry Capitant, Vocabulario Jurídico (Buenos Aires: De Palma, 1993), 415.

3Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Quinta Sala, Sentencia de fecha 15 de agosto del 2002.

Naturaleza de las fianzas

Claudia Heredia

La propia ley regulatoria No. 146-02 Sobre Seguros y Fianzas, en su Artículo 1, Literal w), nos define el Contrato de Fianza: “ES AQUEL DE CARÁCTER ACCESORIO POR EL CUAL UNA DE LAS PARTES (AFIANZADOR), MEDIANTE EL COBRO DE UNA SUMA ESTIPULADA (HONORARIOS) SE HACE RESPONSABLE FRENTE A UN TERCERO (BENEFICIARIO) POR EL INCUMPLIMIENTO DE UNA OBLIGACION O ACTUACION DE LA SEGUNDA PARTE (AFIANZADO) SEGÚN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO SUSCRITO ENTRE LAS PARTES”, luego en la Sección V, De las Fianzas, en sus artículos 63 al 70 nos trata las generalidades de este contrato. Además en su Artículo 40, Literal b), que dicho contrato es Tripartito, Oneroso, de Buena Fe, de Derecho Estricto y Accesorio.

De la definición, se deben tomar en cuenta diferencias sustanciales en cuanto al contrato de seguros, cuatro diferencias son:

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