Es de conocimiento general, que en todo dispositivo de una sentencia dictada por un tribunal que decide sobre una litis figura un ordinal que refiere sobre el pago de las costas del procedimiento; en algunos casos son compensadas y en otros la parte perdidosa resulta condenada a pagarlas en favor y provecho del abogado de la parte gananciosa.

El abogado favorecido con la decisión en lo concerniente a las costas, ostenta en primera fase un crédito con las características siguientes:

i. Cierto: La sentencia dictada condenando a una parte al pago de las costas representa el título que fundamente el crédito;

ii. Carente de Liquidez: El monto será aprobado y determinado por un Juez de conformidad al procedimiento establecido en la Ley No. 302, sobre Honorarios de Abogados;

iii. Carente de exigibilidad: Solo podrá ser reclamado el pago del crédito al momento de la sentencia adquirir la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada y sea expedido por un Juez el auto de aprobación del Estado de Gastos y Honorarios sometido a tales fines;

En efecto, el artículo 130 del Código de Procedimiento Civil dispone que “toda parte que sucumba será condenada en las costas; pero éstas no serán exigibles, sea que provengan de nulidades, excepciones o incidentes o del fallo de lo principal, sino después que recaiga sentencia sobre el fondo que haya adquirido la fuerza de la cosa irrevocablemente juzgada.”

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Interés Judicial

Fernando Langa

Por Fernando Langa  y Gilda Rivas

Podemos definir el INTERES como la suma de dinero debida al acreedor como reparación del daño causado por el incumplimiento o cumplimiento tardío de una obligación; es LEGAL cuando la tasa se fija por la ley; es JUDICIAL los que se adeudan a partir de la interposición de la demanda o desde una intimación previa; es COMPENSATORIO destinado a reparar el perjuicio resultante del incumplimiento definitivo de una obligación o de su cumplimiento defectuoso; es MORATORIO destinado a reparar el perjuicio resultante de la mora en el cumplimiento de una obligación.

En la responsabilidad civil contractual procede la condenación de daños y perjuicios con motivo de la falta de cumplimiento de la obligación o por causa de su retraso en llevarla a cabo1; de igual manera, las obligaciones que se limitan al pago de cierta cantidad, los daños y perjuicios que resultaren del retraso en el cumplimiento, no consisten nunca sino en la condenación a los intereses señalados por la ley2.

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La acción en responsabilidad civil tiene por finalidad principal la reparación de una daño, y se encuentra edificada principalmente en el Código Civil dominicano en sus artículos 1382 y siguientes, lo cual se complementa en gran manera por las disposiciones jurisprudenciales dictada al respecto.

Por su parte la jurisprudencia ha determinado para la responsabilidad civil, tres requisitos comunes a todos los órdenes de responsabilidad, y estos son:

  1. La falta;

  2. El perjuicio; y

  3. La relación de causa a efecto entre los dos anteriores.

  éste aspecto un tema con tantas aristas, nos limitaremos a definir los conceptos indicados en el párrafo anterior.

La falta definida por nuestra Suprema Corte de Justicia como “un error de conducta, que no habría sido cometido por una persona normal, en igualdad de condiciones exteriores; que asimismo, la falta se define como un acto contrario a derecho (…)”1, podríamos concluir que se trata de un incumplimiento de una obligación preexistente contraria al derecho de otro, lo cual puede resultar de un contrato o de la ley misma.2

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