Es de conocimiento general, que en todo dispositivo de una sentencia dictada por un tribunal que decide sobre una litis figura un ordinal que refiere sobre el pago de las costas del procedimiento; en algunos casos son compensadas y en otros la parte perdidosa resulta condenada a pagarlas en favor y provecho del abogado de la parte gananciosa.

El abogado favorecido con la decisión en lo concerniente a las costas, ostenta en primera fase un crédito con las características siguientes:

i. Cierto: La sentencia dictada condenando a una parte al pago de las costas representa el título que fundamente el crédito;

ii. Carente de Liquidez: El monto será aprobado y determinado por un Juez de conformidad al procedimiento establecido en la Ley No. 302, sobre Honorarios de Abogados;

iii. Carente de exigibilidad: Solo podrá ser reclamado el pago del crédito al momento de la sentencia adquirir la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada y sea expedido por un Juez el auto de aprobación del Estado de Gastos y Honorarios sometido a tales fines;

En efecto, el artículo 130 del Código de Procedimiento Civil dispone que “toda parte que sucumba será condenada en las costas; pero éstas no serán exigibles, sea que provengan de nulidades, excepciones o incidentes o del fallo de lo principal, sino después que recaiga sentencia sobre el fondo que haya adquirido la fuerza de la cosa irrevocablemente juzgada.”

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La obligación de seguridad

Gilda Rivas

La obligación de seguridad, es aquella en virtud de la cual una de las partes contratantes se obliga con la otra parte a retornarle, ya sea su persona o sus bienes, sanos y salvos. Esta obligación puede ser asumida por las partes de manera expresa en el contrato, puede provenir de una disposición legal o surgir de la interpretación del contrato, partiendo del principio de buena fe1. Debido a su naturaleza, es necesario estudiar esta obligación desde la perspectiva de los derechos del consumidor.

Esta obligación “supone la utilización de ciertas instalaciones, el profesional está obligado para con su cliente, ya sea a garantizarle su integridad personal, ya sea a realizar todo lo posible para asegurarlo”2. Parte de la naturaleza de esta obligación se desprende de la concepción de que, quien lanza un producto al mercado, debe garantizar que el mismo no será dañino para el consumidor.

En la República Dominicana, la obligación de seguridad y la responsabilidad sobre su incumplimiento por daños a la persona, fue apreciada por primera vez en un caso sobre un accidente automovilístico ocurrido el 4 de julio del 1999, en la ciudad de Santo Domingo, en el cual las bolsas de aire del vehículo de la víctima (Christopher Acta Encarnación) no se dispararon al momento del impacto, quedando éste afectado con serios traumas. En ese entonces no existía en el país legislación alguna que previera la obligación de seguridad sobre las cosas vendidas ni la responsabilidad civil que acarrea su incumplimiento, ni tampoco legislación que estableciera los derechos del consumidor frente a productos defectuosos.En su sentencia el tribunal apoderado, es decir, la Quinta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, enmarcó dicha demanda en el ámbito de la “responsabilidad civil contractual, como consecuencia de la obligación de seguridad que corresponde a los fabricantes y a los vendedores profesionales, por el daño que pueda ocasionar los productos defectuosos al comprador”3; y no solo esto, también estableció claramente que dicha responsabilidad es independiente y autónoma de la garantía por vicios ocultos y la llamada responsabilidad por el hecho de un tercero.

Más adelante, luego de ser conocido este caso en primera y segunda instancia, es promulgada la Ley General de Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario, No. 358-05, la cual establece los parámetros de las obligaciones de los proveedores y los derechos de los consumidores y en este sentido dicha legislación se encarga de definir de cierta manera la obligación de seguridad, cuando indica en su artículo 34 lo siguiente:

Protección General.

Los productos y servicios deben ser suministrados o prestados en forma tal que, consumidos o utilizados en condiciones normales o previsibles, no presenten peligro o nocividad ni riesgos imprevistos para la salud y la seguridad del consumidor o usuario. Los riesgos previsibles, usuales o reglamentariamente admitidos, deberán ser previamente puestos en conocimiento de los consumidores y usuarios a través de instructivos o señales de advertencias fácilmente perceptibles o por cualquier otro medio apropiado para garantizar la seguridad del consumo del producto o uso del servicio.

En este mismo sentido, en su artículo 105 esta ley establece claramente como infracciones en materia de defensa de los derechos de los consumidores y usuarios, las faltas en cuanto a la obligación de seguridad.

Sin embargo, la inclusión de la obligación de seguridad, así como de los derechos de los consumidores no se quedó en esta ley, más adelante en enero del 2010, es promulgada la Constitución Dominicana, la cual al referirse a los derechos del consumidor, le da un rango constitucional a los mismos, estableciendo que en caso de lesiones o perjuicios causados por bienes y servicios que se denominen de “mala calidad” se debe compensar al consumidor con una indemnización, enmarcándose aquí la obligación de seguridad y la consecuencia de su incumplimiento, todo lo cual se encuentra establecido en el artículo 53, el cual indica lo siguiente:

Artículo 53.- Derechos del consumidor. Toda persona tiene derecho a disponer de bienes y servicios de calidad, a una información objetiva, veraz y oportuna sobre el contenido y las características de los productos y servicios que use o consuma, bajo las previsiones y normas establecidas por la ley. Las personas que resulten lesionadas o perjudicadas por bienes y servicios de mala calidad, tienen derecho a ser compensadas o indemnizadas conforme a la ley. [Subrayado agregado]

. La inclusión de esta figura en el derecho dominicano, pone a nuestro país en un ámbito actual sobre el reconocimiento de los derechos del consumidor, siendo esta la nueva perspectiva que se emplea en los países más desarrollados, tanto en el derecho civil, como en el comercial.

1Juan M. Farina, Contratos comerciales modernos, modalidades de contratación empresaria (Buenos Aires: Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma, 2005), 290.

2Henry Capitant, Vocabulario Jurídico (Buenos Aires: De Palma, 1993), 415.

3Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Quinta Sala, Sentencia de fecha 15 de agosto del 2002.

La Jurisdicción Inmobiliaria, como hoy la conocemos, es una institución que se ha desarrollado con el transcurro del tiempo, especialmente luego de la promulgación de la actual Ley 108-05 del año 2005, con la cual se implementaron nuevas tecnologías y procesos relativos a la organización y gestión de los diferentes órganos que componen la actual Jurisdicción Inmobiliaria.

La modernización del sistema inmobiliario es palpable en algunas áreas como en lo normativo, en la estructura física, la digitalización de los títulos y planos, la sala de consulta, el funcionamiento de la Unidad de Cartografía que es utilizada en la Dirección General de Mensuras Catastrales.

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