La querella penal

Jesús García

La ley 76-02 que crea el Código Procesal Penal establece en sus artículos 267 al 272, el perfil institucional de la querella y la misma norma adjetiva, la define como “…el acto por el cual las personas autorizadas promueven el proceso por acción pública o solicitan intervenir en el ya iniciado por el Ministerio Público…”. Este tipo de acto jurídico es exclusivo del Proceso Penal, porque debe haber un hecho delictivo que de nacimiento a la misma, es un acto propio del universo del proceso penal. Las personas autorizadas para interponer este acto procesal, es la víctima o su representante legal: el abogado, por lo que se colige que el que realiza dicho acto adquiere la calidad de representante del querellante (Art. 85); Este inicia la acción penal bajo el presupuesto de hecho y de derecho, que la norma les autoriza o solicita intervenir en los mismos; y se presenta ante el Despacho del Fiscal del departamento especializado o la Fiscalía Barrial, o destacamento del lugar de la comisión del delito o crimen.

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Enterados de que la Administración Pública es el conjunto de organizaciones públicas que realizan la función administrativa y de gestión del Estado y de otros entes públicos con personalidad jurídica, ya sean de ámbito regional o local, y que la Potestad Sancionadora, “consiste en la facultad de la Administración Pública de imponer sanciones a las personas físicas o jurídicas una vez analizado el grado de culpabilidad, derivada de la ley que previamente ha descrito los hechos y las sanciones que son necesarias y proporcionadas al fin que se tuvo en cuenta al instaurar la potestad” (Hidalgo Cuadra, 2010:16).
La mayor parte de los modernos Estados de Derecho capitalistas organizan sus modelos políticos a partir del principio de la Tripartición de Poderes, en los cuales están delimitadas las funciones del Estado de forma independiente, esto es Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Es precisamente en el Poder Ejecutivo donde se identifica la Administración Pública como parte de todo el andamiaje que estructura hasta la base los mecanismos de ejecución, control y garantía de la Política del Estado en todas las direcciones administrativas. Carbonell Matéu señala: “…afirmar que la potestad sancionadora de la Administración Pública es originaria, equivale a otorgar al poder ejecutivo capacidad, no sólo de imponer sanciones, sino sobre todo, de determinar cuándo, cómo y a quién se imponen” ; por esta razón, considera que en un Estado de Derecho, esa potestad administrativa, ha de ser sometida al control judicial.
Corolario de la anterior y fundamento legal es nuestra propia Constitución, en su Capitulo III, De La Administración Pública, nos dice, artículo 139.- Control de legalidad de la Administración Pública. “Los tribunales controlarán la legalidad de la actuación de la Administración Pública. La ciudadanía puede requerir ese control a través de los procedimientos establecidos por la ley.”

En la actualidad, no se puede negar el poder punitivo que posee la Administración que, al igual que el del Poder Judicial, deriva del Ius puniendi del Estado. El objetivo principal de dicho poder radica en establecer el orden en las relaciones entre los individuos y la relación de estos con el Estado.
El poder sancionador debe ser atribuido por una ley. Las entidades del Estado no pueden atribuirse este poder sancionador, si no existe una ley que así lo exprese. Principio de legalidad. En nuestro ordenamiento jurídico, el principio de legalidad se encuentra reconocido por la Constitución dominicana en su artículo 138: “- Principios de la Administración Pública. La Administración Pública está sujeta en su actuación a los principios de eficacia, jerarquía, objetividad, igualdad, transparencia, economía publicidad y coordinación, con sometimiento pleno al ordenamiento jurídico del Estado.”
Límites al Jus Puniendi de la Administración Pública. Los derechos contenidos en la Constitución deben estar sujetos a los principios rectores de los Estados de derecho y al principio de legalidad. No se trata de dejar al consumidor en estado de indefensión, sino de que los organismos no pueden atribuirse capacidad sancionadora por vía resolutoria, existiendo una ley que dispone algo distinto. Recordemos que estos procesos para el establecimiento de las sanciones punitivas, no tienen carácter originario, más bien otorgados por el Poder Judicial y no son los más garantistas del debido proceso.
Es por todo lo anterior que el ejercicio de este poder sancionador en manos de la Administración Pública, debe ser tomado con mucho cuidado para que el incumbente de turno, por un criterio o concepto personal que tenga en un determinado momento, ante una tentación populista o real, pretenda rebasar los límites que la propia ley crea, ni que tampoco por resoluciones internas o propias entiendan que pueden llevar los limites o su capacidad de sancionar hasta el deseo o las circunstancias que lo ameriten y así pretender estar cubiertos de legalidad, cuando real y efectivamente es un barniz temporal.

Es de conocimiento general, que en todo dispositivo de una sentencia dictada por un tribunal que decide sobre una litis figura un ordinal que refiere sobre el pago de las costas del procedimiento; en algunos casos son compensadas y en otros la parte perdidosa resulta condenada a pagarlas en favor y provecho del abogado de la parte gananciosa.

El abogado favorecido con la decisión en lo concerniente a las costas, ostenta en primera fase un crédito con las características siguientes:

i. Cierto: La sentencia dictada condenando a una parte al pago de las costas representa el título que fundamente el crédito;

ii. Carente de Liquidez: El monto será aprobado y determinado por un Juez de conformidad al procedimiento establecido en la Ley No. 302, sobre Honorarios de Abogados;

iii. Carente de exigibilidad: Solo podrá ser reclamado el pago del crédito al momento de la sentencia adquirir la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada y sea expedido por un Juez el auto de aprobación del Estado de Gastos y Honorarios sometido a tales fines;

En efecto, el artículo 130 del Código de Procedimiento Civil dispone que “toda parte que sucumba será condenada en las costas; pero éstas no serán exigibles, sea que provengan de nulidades, excepciones o incidentes o del fallo de lo principal, sino después que recaiga sentencia sobre el fondo que haya adquirido la fuerza de la cosa irrevocablemente juzgada.”

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